miércoles, 31 de agosto de 2016

El pozo negro


- Veréis niños debéis daros cuenta de que todos los trabajos son horribles y no hay nada que podáis hacer al respecto. Son tediosos y aburridos.
- ¡Ser bombero no es aburrido¡
- Cierto, pero debéis tomar en consideración el alto índice de mortalidad. Es muy fácil morirse en medio de un incendio.  

Bryan Cranston en  “Malcolm in the middle”


Puedo decir que algunos propietarios de minas integradas en HUNOSA me han dicho, más o menos confidencialmente, que si hubiesen sabido el precio que el Estado les iba a pagar hubiesen comprado antes muchas otras minas.

Carlos Ferrer Salat, por entonces presidente de la CEOE, en “Actualidad Económica”, 16 de Mayo de 1970, p. 16.






A lo largo de la trayectoria de este blog he intentado explicaros que la Historia, como campo de conocimiento, no consiste en la memorización de fechas o en una sucesión de anécdotas y batallas sino que es una forma de analizar procesos de cambio. Y que por ello el pasado no es, no debe ser, un fin en sí mismo, sino un simple medio para llegar a conocer mejor nuestro presente y debatir sobre él.  

La piedra negra

Ya en pleno s. XVI Felipe II dictó licencias para beneficiar algunas minas de lo que entonces se conocía como “carbón de piedra” ubicadas en Asturias. Ahora bien, dicha minería del carbón solo generó explotaciones continuas en el tiempo, con cierto tamaño y volumen de producción, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los ilustrados de la época comenzaron a fomentar la extracción de carbones para estimular el desarrollo económico de la zona. 

   Hasta aquel entonces en el área central de Asturias era más o menos común entre los campesinos la práctica de extraer de vez en cuando y de manera artesanal pequeñas cantidades de carbón en los filones que afloraban en las faldas de algunos montes del Principado. Ahora bien ese carbón se usaba no en una economía industrial moderna sino en un contexto agrícola. De esta forma el carbón extraído se empleaba simplemente para calentar las casas y como combustible en hornos rurales donde se obtenía cal para abonar los suelos y contrarrestar su acidez innata producto de las intensas y abundantes lluvias típicas del Norte de España. 

   No obstante fue en esos difíciles momentos de finales del s. XVIII cuando, gracias al impulso de las políticas ilustradas a las que antes hice alusión, apareció la primera empresa privada que existió en Asturias dedicada a la explotación del carbón: la Compañía de Pumarejo, más tarde conocida como Compañía de San Luis. Tal iniciativa pionera no resultó exitosa y la empresa cesó sus actividades en 1791 siendo sucedida por las Reales Minas de Carbón de Langreo, que se convirtió así en la primera empresa minera de Asturias creada con participación del Estado, la cual también hubo de echar el cierre, en su caso en el año 1803. En ese momento la producción de carbón en Asturias puede que ya rondase las 5.000 toneladas anuales, por dar una cifra límite redonda, aunque hay que tener en cuenta que hasta llegar a fechas algo posteriores las cifras globales de producción en la región son en muchos casos aproximaciones.

   Sin embargo el verdadero desarrollo de la minería asturiana llegó mucho más adelante. En 1833, la Real Compañía Asturiana de Minas se convirtió en la primera empresa de auténtica envergadura en el campo de la explotación carbonífera que operó en Asturias. Merced a su impulso pocos años después ya se exportaban con regularidad desde los puertos de Gijón, Avilés y Villaviciosa más de 10.000 toneladas de mineral de carbón anuales. En 1850 esta cifra se había multiplicado por cinco y a partir de la década siguiente el crecimiento de la producción se hizo verdaderamente exponencial. Tal es así que Asturias exportaba unas 150.000 toneladas anuales de carbón a comienzos de la década de los 60, mientras que al llegar los años 90 esa cifra superaba las 750.000 toneladas anuales.

De hecho puede decirse que la minería del carbón como industria, en tanto que consumidora de cantidades relevantes de mano de obra y sujeta a métodos de organización mínimamente complejos, arrancó en Asturias en esos momentos finales del  s. XIX. 

    Además fue en esa época cuando empezaron a hacer acto de presencia en la región y el sector compañías verdaderamente grandes decididas a emplear un volumen de capital y de recursos humanos suficientemente significativos como para provocar grandes cambios en las estructuras urbanas y sociales de las comarcas donde se implantaron dichas empresas.

Por otro lado la inserción de la minería del carbón asturiana en un marco de producción plenamente industrial incluía, al margen de la transformación del entramado empresarial o la evolución de las técnicas y del equipamiento, una transformación de la demanda. De esa forma también hay que relacionar el crecimiento definitivo de la minería del carbón con la progresiva implantación en Asturias de diversas empresas dedicadas a la siderometalurgia entre 1860 y 1880.

Debido a todo ello al iniciarse el s. XX ya eran varias las empresas mineras asturianas que ocupaban los primeros puestos en la producción de carbón en España; entre las más destacadas figuraban Duro-Felguera, implantada en la cuenca del Nalón, así como “Fábrica Fundición de Mieres”, la gran empresa del valle del río Caudal. Pero otras tres empresas tenían igualmente un peso específico en Asturias: Hullera Española, Unión Hullera y Hulleras del Turón. Quedaba de esa forma configurado a comienzos del s. XX un panorama donde unas pocas grandes empresas –cuyos nombres en todo caso fueron variando a lo largo del tiempo debido a fusiones, quiebras o meros cambios de denominación- controlaban de forma absoluta la minería de las llamadas “Cuencas mineras” asturianas. Zona carbonífera en la que por entonces ya se extraía prácticamente la mitad de todo el carbón producido en el país, totalizando la producción regional asturiana casi dos millones de toneladas.   

Llegado ese momento había explotaciones mineras operando en casi todas las comarcas de Asturias  ricas en carbón y existía una disponibilidad de infraestructuras y mano de obra suficiente como para aumentar la producción de carbón siempre que, a su vez, existiese la demanda. Ahora bien en un contexto de desarrollo de los transportes y las comunicaciones internacionales, como fueron las décadas previas a la I Guerra Mundial, la demanda para el carbón español en general y para el asturiano en particular empezaba a estar relacionada, más que con el crecimiento del mercado interno, con la competencia ejercida por los carbones procedentes de empresas mineras de otros países. Y llegados a ese punto había un problema. O más bien varios. 




El problemilla

La versión resumida es la siguiente: el carbón asturiano es un muy mal producto porque en comparación con el carbón de otros lugares su calidad es bastante baja y además resulta muy difícil (y por tanto caro) de extraer debido a motivos geológicos. Pero como esta afirmación resulta un tanto radical, además de políticamente incorrecta, voy a intentar justificarla, ya que sin tener esa sencilla idea totalmente clara de partida no se entiende nada de lo que intentaré explicar más adelante.  

Veamos. Como es sabido existen diversos tipos de carbón siendo la hulla y la antracita, particularmente la primera, las variedades más abundantes en el subsuelo asturiano. Dicha minería de la hulla se concentra sobre todo en un área ubicada en el centro del Principado de Asturias en torno a la cuenca de dos ríos, el Nalón y su afluente el Caudal, más o menos hasta que llegan a la altura de Oviedo, mientras que la minería de la antracita queda limitada a la mucho menos relevante cuenca de otro afluente del Nalón, en este caso el río Narcea.

Pero en general, más allá de salvedades referidas a algunos pequeños territorios concretos ubicados dentro de ese espacio, todo el carbón asturiano se generó hace millones de años dentro de unas mismas placas que fueron gravemente presionadas debido a enormes movimientos orogénicos (como atestigua el accidentado relieve de la zona). Es por ello que esas placas que recorren el subsuelo de la región hoy en día aparecen plegadas, comprimidas y profundamente alteradas en su estructura, dando lugar a pronunciados cruzamientos y fallas, lo cual dificulta enormemente las labores de extracción del carbón contenido en su seno. En otras palabras, en el proceso de formación de las capas carboníferas asturianas desapareció la regularidad tan apreciada en la explotación de yacimientos de mineral. Tal es así que hoy en día dichas capas presentan inclinaciones muy diversas y grandes variaciones de grosor que además en ocasiones incluyen terreno estéril en carbón.

Por todo ello el carbón asturiano rara vez se encuentra formando vetas planas, homogéneas y continuas, sino que es un carbón que se encuentra distribuido en finas capas (de entre 0,8 y 2 metros de espesor pero con un porcentaje apreciable de capas de menos de un metro). Capas que además no son ni mucho menos perfectos estratos horizontales sino que aparecen inclinadas como ya he dado a entender. Esto último complica el trabajo de los mineros y encarece los costes de explotación ya que la pendiente de dichas vetas, generalmente superior a los 60º (sobre todo en las cuencas hulleras centrales), dificulta el sostenimiento de las paredes de las minas así como la mecanización de las labores. En Europa solo algunas cuencas mineras rusas presentan condiciones en parte igual de adversas para la explotación carbonífera.





  


Por si fuera poco las vetas de carbón asturianas no solo son poco gruesas y aparecen inclinadas sino que la densidad en mineral es menor que en otros lugares. De lo anterior se deriva el que se obtenga menos producto por tonelada bruta extraída porque hay que cavar muchas galerías y remover mucho terreno para obtener una cierta cantidad de carbón. Esto disminuye la productividad del trabajo y exige mayores gastos en salarios, pero también en material de sostenimiento o en transporte, por cada tonelada de carbón extraído.

A su vez lo anterior se agrava a medida que aumenta la profundidad a la que se extrae el carbón y lo cierto es que la profundidad de laboreo en muchas explotaciones carboníferas asturianas llegó a ser de varios cientos de metros bien entrado el s. XX. Eso unido a la topografía tan accidentada que hay sobre los valles mineros asturianos implica la presencia de grandes masas de roca sobre las galerías de pozos relativamente profundos. Y a su vez todo esto se traduce, como he dicho, en dificultades de sostenimiento y en consecuencias en más costes de extracción frente a los habituales en otras minerías (como la de EE.UU. donde abundan las minas de carbón a cielo abierto). 






   Todo lo cual sumado a las deficientes comunicaciones locales (tanto por falta de inversión como debidas a la peculiar orografía del lugar) encarece una vez más el precio del carbón asturiano de cara a trasladarlo a los puertos costeros para su exportación.

Además, las fuertes presiones a que fueron sometidas en el pasado las capas de carbón de la zona explican la gran proporción del llamado carbón “menudo” que aparece al extraer el mineral asturiano. Lo anterior tiene una serie de consecuencias que se traducen en una mala calidad de cara a satisfacer las necesidades del mercado. En primer lugar el carbón asturiano suele ser blando con lo que se desmenuza más fácilmente que otros carbones proporcionando, como se ha dicho, lo que se llaman “menudos” (que han llegado a ser casi dos tercios de la producción asturiana en algunas épocas frente a menos de un tercio en países como Inglaterra). Teniendo en cuenta que el “menudo” tradicionalmente en algunas épocas se pagaba una quinta o una cuarta parte más barato que otros tipos de carbón (porque es de peor calidad y se deshace en polvo, perdiéndose parte del mismo durante el proceso de transporte), en el mejor de los casos se puede decir que el carbón asturiano ha sido históricamente menos rentable en el mercado que otros.

Asimismo y debido a todo lo anterior, el carbón asturiano es un carbón “sucio”, impregnado de tierra y minerales, lo cual obliga normalmente a lavarlo previo uso. Esto encarece una vez más los costes, en este caso debido a los gastos de añadir un proceso a la producción pero también porque en el lavado se pierde parte del producto (debido a la reseñada blandura del mismo).

Por otro lado las proporciones de azufre y fósforo en el carbón asturiano no son óptimas para proporcionar un poder calorífico ideal de cara a su empleo en altos hornos o centrales térmicas (el carbón asturiano suele ser en torno al 30% menos eficiente al respecto que el de territorios como Australia o Sudáfrica).

  En resumen. Las vetas de carbón en el subsuelo asturiano son estrechas y aparecen fracturadas, en consecuencia al perforar las galerías se extraen más rocas y tierra que carbón. Además, dado que las vetas de mineral en la región rara vez son continuas y a veces están inclinadas, para llegar al carbón hay que cavar múltiples galerías en diferentes direcciones y a diversas alturas. Por tanto las explotaciones asturianas nunca han podido compararse con las de minas países donde el carbón es de más calidad y las explotaciones usan maquinaria pesada de forma intensiva en minas a cielo abierto en las cuales el carbón se encuentra formando grandes depósitos naturales casi en superficie. Debido a todo lo cual puede concluirse que el carbón asturiano constituyó desde su primer momento un producto deficiente y totalmente incapaz de competir en calidad o precio con el carbón de prácticamente cualquier país con una minería desarrollada y yacimientos de calidad.

Finalmente a las dificultades puramente geológicas hay que añadir también las de tipo social. El empresariado hullero asturiano siempre se caracterizó por un carácter cicatero, carente de emprendimiento o interés por la mejora de las explotaciones y desde el principio ante las dificultades y la falta de capital desistió de invertir de forma importante en llevar a cabo una mecanización de las labores de cara a lograr aumentos en la productividad mediante el empleo de medidas innovadoras o la acumulación de maquinaria.

Es así como se explica que en 1913, justo antes de comenzar la I Guerra Mundial, la producción media anual de un minero del carbón en EE.UU. fuese de 759 toneladas, en Alemania de 300, en Inglaterra de 262, en Francia 203, en Bélgica de 157 y en cambio en Asturias de solo 135 pese a trabajar más horas por término medio que cualquiera de los anteriores. Diferencias de productividad que, además, en vez de acortarse se mantuvieron o ampliaron a medida que avanzó el tiempo y en otras minerías se fueron generalizando el aire comprimido, los martillos neumáticos o los pequeños trenes eléctricos en el interior de las minas, mientras en Asturias se continuaban empleando básicamente picos, palas y mulas. 

Llegados a este punto surge una pregunta obvia, si todo esto que digo es cierto ¿cómo es posible por tanto qué durante más de un siglo la minería del carbón asturiana fuese un negocio? (al menos para algunos).

Élites extractivas

Mediante dos mecanismos: la explotación intensiva de la mano de obra y el proteccionismo gubernamental.

Para evitar invertir en costosa maquinaria el empresariado minero recurrió a contratar mucha mano de obra y a la vez pagar salarios bajos. Claro está, esa apuesta hecha en Asturias a favor de los brazos antes que de la tecnología estaba sometida no solo a los rendimientos decrecientes del factor trabajo sino al hecho irrefutable de que, para obtener beneficios basándose casi en exclusiva en intensificar la explotación de la mano de obra, la patronal del carbón ligó la rentabilidad de las explotaciones a la capacidad para controlar las huelgas y las reivindicaciones salariales de sus obreros. Y para eso necesitaba a su vez el apoyo del poder político de cara a que el Estado pusiese su aparato represivo al servicio de mantener la paz social en la región.

En 1865 había 4.226 mineros del carbón en Asturias, en 1890 eran ya 5.578 y en 1897 ascendían a 10.063 mientras que a comienzos del siglo XX ya había más de 12.000 mineros del carbón en Asturias, todos ellos trabajando en condiciones muy precarias y cobrando salarios bastante miserables, la única forma de hacer rentables una explotaciones primitivas dedicadas a extraer un producto realmente malo y poco competitivo.

De hecho durante casi toda la época contemporánea resultaba más barato y de mejor rendimiento comprar carbón extranjero, por ejemplo extraído en Inglaterra, y luego traerlo a las costas españolas en barco que pagar los costes de extraer siquiera hasta la superficie el carbón asturiano. Esto convirtió al carbón asturiano en invendible fuera de las fronteras peninsulares y ponía también en serio riesgo su capacidad de venta incluso dentro de las mismas. Para evitar esto último los empresarios mineros pronto formaron un poderoso lobby cuya única finalidad durante décadas consistió en buscar mediante presiones, amenazas y sobornos, que cada sucesivo gabinete de Gobierno en España aprobase cuantiosas subvenciones para las explotaciones carboníferas asturianas a la vez que imponía restricciones arancelarias insalvables para la importancia de carbón desde el extranjero.

En consecuencia los aranceles españoles, muy elevados a comienzo del siglo XIX pero que se habían reducido ligeramente durante la época de 1830-70, se elevaron a partir de 1881 y en torno a 1890 se creó la Liga de los Intereses Hulleros de Asturias, un claro grupo de presión a favor del proteccionismo constituido por diversos empresarios con intereses en la minería. Un ejemplo de su poder es que en 1906 consiguieron que el Estado aumentase el arancel al carbón inglés de 2,50 a 3,50 pesetas por tonelada incluso a pesar de la oposición de las poderosa patronal vasca cuyos intereses eran contrarios a dicha política (en zonas donde existía una siderurgia fuerte como el País Vasco estaban lógicamente más interesados en poder adquirir de forma barata las materias primas para su industria, aunque fuese a empresas extranjeras, que en verse prácticamente obligados a comprar carbón nacional caro y malo).

De esa forma el empresariado minero del carbón en Asturias se garantizó unos beneficios constantes sin la necesidad ni por supuesto la intención de reinvertir dichos beneficios en el progreso productivo de sus explotaciones. Todo ello a costa de mantener artificialmente alto el precio de su producto en el mercado interior español.

Pese a que el proteccionismo puede ser una medida temporal necesaria para proteger una industria naciente, en el caso español su lógica se debió más bien a un proceso encaminado a garantizar rentas a unas élites parasitarias carentes de todo interés por la innovación o por ser capaces de competir un día con el carbón extranjero. Es por ello que todo el esfuerzo del Estado por proteger el sector carbonífero no sirvió jamás para estimular la industria local, sino para permitir que se fosilizase, como ocurrió con otros sectores con intereses parecidos (caso del textil catalán o los grandes productores cerealistas de la Meseta Norte).

Tal convergencia de intereses entre parte de los grandes poderes económicos del país mantuvo vivo el corrupto Estado de la Restauración con sus elecciones periódicamente manipuladas. Progresivamente un cúmulo de empresarios con intereses en diversos sectores económicos atrasados, entre ellos el de la minería del carbón asturiano en la que me estoy centrando (si bien no solo ellos) pasó a injerir en la toma de decisiones políticas del Estado pues solo así podían asegurarse imponer una política económica del signo que les favorecía (a costa de los intereses de todo el resto de la sociedad) y a su vez influir sobre el aparato represivo y judicial de la Administración para que tanto la policía como el ejército como la judicatura contribuyesen a sofocar las continuas protestas de una mano de obra muy virulenta debido a los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. 

En otras palabras, durante el proceso industrializador en lugar de invertir en tecnología el empresariado carbonífero asturiano decidió que resultaba más sencillo y rentable que innovar el invertir en comprar la voluntad de la clase política para que promulgase leyes que les favoreciesen protegiendo sus negocios de toda competencia así como de la furia de sus propios trabajadores. Estrategia que se mantuvo constante durante casi todo el período de la Restauración y luego durante época franquista, aspecto sobre el que volveré más adelante. 

De la dictablanda a la dictadura

Explicado todo esto retomaré el relato donde lo había dejado, más o menos a comienzos del s. XX con una minería del carbón ya plenamente asentada en Asturias y controlada por diversas empresas de gran tamaño que empleaban a miles de mineros. Vamos a ver cómo todos los problemas de fondo que he descrito se fueron combinando con el devenir histórico.

Inicialmente, pese al progreso experimentado durante las décadas finales del s. XIX, a comienzos del s. XX toda la problemática inherente a las explotaciones mineras asturianas hizo que la producción de carbón en Asturias se mantuviese estancada, un poco por encima de los dos millones de toneladas anuales, hasta 1914. Ese estancamiento fue superado finalmente durante la Primera Guerra Mundial, época en la que el carbón asturiano vivió su primera época dorada, ya que debido al conflicto bélico la competencia exterior, sobre todo del carbón inglés, casi desapareció por completo a la vez que aumentaba la demanda por parte de otros países combatientes, los cuales tenían a buena parte de sus trabajadores cavando en las trincheras y no en las minas.

Es así como en unos pocos años la producción asturiana de carbón aumento repentinamente hasta casi tres millones y medio de toneladas llegando a extraerse en Asturias dos tercios de todo el carbón obtenido en España por entonces. Durante esos años los empresarios aumentaron asimismo los precios del carbón al no tener competencia, pero las mayores ganancias no supusieron una vez más mejoras en la productividad. Ese aumento de la producción se logró simplemente contratando más obreros hasta llegar a unos 35.000 mineros trabajando en las minas de carbón asturianas por entonces. 



Lógicamente al finalizar la Gran Guerra la demanda de carbón asturiano cayó en picado lo que a su vez obligó a despedir a miles de mineros contratados durante los años anteriores aumentando el malestar entre la población de las Cuencas.  

La subsiguiente crisis se superó durante los años veinte mediante las medidas habituales. En 1922 fue promulgado el llamado arancel Cambó, el cual colaboró a frenar aún más de lo que venía siendo habitual la entrada de carbones extranjeros en España al elevar el arancel sobre el carbón importado de 3,5 a 7,5 pesetas por tonelada. Además se redujeron también los impuestos a las empresas mineras carboníferas. En los años siguientes el Directorio Militar de Primo de Rivera continuó y amplió esa política proteccionista obligando al consumo de carbón español en todas las industrias dependientes del Estado, los ferrocarriles, los arsenales militares y la marina. Además en 1925 se legisló un subsidio de 2,10 pesetas por tonelada producida para las explotaciones carboníferas nacionales. De esta forma la producción de carbón en Asturias al final de la dictadura primoriverista había vuelto a crecer hasta casi los 5 millones de toneladas.



Tras un cierto parón durante los años 30 la minería del carbón asturiano entró en su segunda edad dorada (tras la experimentada en los años de la I Guerra Mundial) con la llegada de la etapa franquista. Así durante los años 40 y primeros 50, en la época de la caótica "autarquía", el carbón asturiano alcanzó su cenit de producción en un contexto en el que el Estado se interesó especialmente por el carbón como fuente de energía debido a que –de forma voluntaria o más bien producto del aislamiento internacional del Régimen- se buscaba la autosuficiencia energética. De esta forma la producción asturiana de carbón experimentó un ascenso continuado de 1939 a 1958. Al final de esos años en Asturias se extraían más de 8 millones de toneladas de carbón anuales, casi tres cuartas partes de todo el carbón producido en España. Mientras tanto el precio en el mercado interior de ese carbón aumentó un 832% sin que por supuesto los salarios de los mineros aumentasen de forma ni remotamente parecida. Pero no hubo grandes huelgas. Era lo bueno del Franquismo como régimen, no había libertad, pero había "orden". Los dueños de las empresas carboneras asturianas jamás volvieron a ganar tanto dinero. 

Obviamente, en paralelo al aumento de la producción, y como era inevitable en una minería tan poco mecanizada como la asturiana, en aquellos años también aumentó exponencialmente el número de mineros que trabajaban en las minas asturianas. Su cuantía pasó así de unos 25.000 en 1940 a algo más de 50.000 en 1958, el máximo número de mineros empleados en toda la historia de la minería asturiana (por ese entonces en todo el resto del territorio español trabajaban apenas 23.000 mineros, la mayoría de ellos además en la cercana provincia de León). En esos años la principal empresa asturiana era Duro-Felguera tanto por volumen de producción como por número de trabajadores, dando empleo a 11.949. Duro era seguida por Hullera Española con 5.987 trabajadores y Hulleras de Turón con 4.869. Otras empresas importantes por su volumen de empleo eran Fábrica de Mieres y Minas de Langreo y Siero.


Pero a partir de 1959, y por razones complejas en las que no voy a extenderme, el franquismo se vio obligado a cambiar su tradicional política proteccionista. Es así como bajo la dirección de los famosos “tecnócratas” del Opus Dei el país se abrió progresivamente a un decidido librecambismo. Las consecuencias del viraje anterior resultaron obvias para el carbón asturiano: si nunca había logrado ser rentable (y mucho menos exportable) salvo en coyunturas excepcionales, en ese momento se abrió el camino para que el carbón asturiano tuviese que luchar por el mercado interior español ante carbones extranjeros (en muchos casos más baratos y superiores en calidad).

De esa forma el carbón asturiano dejó de ser rentable económicamente a finales de los años 50 o primeros años 60 salvo en el caso de algunas explotaciones marginales (lo que implica que a día de hoy dicha industria lleva más de cincuenta años en proceso de “reconversión”).  Pero entonces ¿cómo es que este tipo de minería no desapareció entonces? ¿fue por simple interés político en no dejar a unos miles de trabajadores desempleados?

El chiringuito

Veamos. Que el Estado franquista renunciase a finales de los años 50 a imponer trabas a la llegada al mercado interior español de carbones extranjeros no quiere decir que las élites franquistas renunciasen, ni mucho menos, a sus lazos con los grandes empresarios de ciertos sectores. Lo cierto es que si las explotaciones mineras colapsaban no solo muchos obreros se encontrarían sin trabajo de un día para otro sino que los dueños de las minas perderían mucho dinero. Así a partir de 1963 el Estado intento inyectar capital en las empresas mineras asturianas, amenazadas de muerte como estaban por la competencia extranjera.

Fueron los años del llamado Plan de Acción Concertada puesto en marcha en 1965. Dicho plan ofrecía a las empresas mineras acceso a créditos oficiales a bajo interés y a largo plazo, reducciones fiscales, respaldo por parte del Instituto de Crédito en las ampliaciones de capital a las que tuvieran que hacer frente, etc.

Pero como no podía ser de otra forma la política anterior fracasó a la hora de revitalizar una minería del carbón que simple y llanamente no podía ser rentable en un contexto de competencia abierta. Además, al margen de la competencia extranjera, existía otra cuestión a considerar.

Durante los primeros tiempos de la minería del carbón en Asturias funcionaron las llamadas “minas de montaña”, explotaciones basadas en túneles que penetraban en la roca de los montes y cuyos problemas fundamentales eran los posibles derrumbamientos así como la hipotética presencia de gas grisú, muy explosivo al reaccionar ante las primitivas lámparas mineras.







 Ahora bien, hasta ese tipo de explotaciones tienen sus “ventajas” pues en ellas las muertes se producen sobre todo debido a accidentes. Por el contrario la humedad inherente a ese tipo de explotaciones, si bien causaba frecuentes neumonías y artritis en los trabajadores, también servía para limitar durante las labores el desprendimiento de polvo de mineral de la roca, el cual en grandes cantidades al ser absorbido por los pulmones provoca diversas variedades de neumoconiosis (la llamada “silicosis” de los mineros).

No obstante la profundidad a la que se puede llegar con ese tipo de explotaciones, así como la productividad de las mismas, resulta reducida. Por ello el primer pozo vertical de la minería del carbón en Asturias se realizó en Arnao, a mediados del s. XIX, de manos de la Real Compañía de Minas. Más adelante, a partir de los años de la I Guerra Mundial y sobre todo durante los años 40, los pozos verticales, con sus icónicos “castilletes” metálicos, se generalizaron hasta hacerse omnipresentes en el paisaje de las Cuencas mineras asturianas.

  




Sin embargo, como vengo diciendo, en las minas de carbón asturianas casi siempre se apostó por el hacinamiento de mano de obra y en cambio brilló por su ausencia la inversión en tecnología e infraestructuras. Por ello las malas condiciones de ventilación en todos esos pozos y el que además (para ahorrar y también por deficiencias técnicas) no se practicase apenas la inyección con agua de las zonas de trabajo, como era común en otros países de cara a evitar la formación de nubes de polvo en el interior de las minas, posibilitaban que en las galerías de dichos pozos flotasen gránulos tremendamente dañinos para los pulmones al inhalarlos durante la respiración. Es así como a mediados de los años 60 las compañías mineras se encontraron en sus plantillas con muchos trabajadores potencialmente enfermos o que iban a desarrollar una enfermedad incapacitante durante los siguientes años (en Asturias al final de la década había cerca de 16.000 mineros en activo o pensionistas de la minería que habían desarrollado silicosis en diversos grados durante las dos décadas previas).

Y claro, lo anterior junto con el problema de la competencia extranjera amenazaban inmensas pérdidas para la iniciativa privada si era ella la que debían asumir el coste de cerrar las explotaciones y jubilar a todos esos trabajadores.

Por tanto dado que las minas de carbón asturianas estaban abocadas a quebrar en los siguientes años el Gobierno decidió finalmente socializar las posibles pérdidas. Así el Estado absorbió la mayoría de las empresas mineras deficitarias (que eran prácticamente todas las importantes) mediante la entrada del INI (Instituto Nacional de Industria) en el sector hullero. De su mano en 1967 nació Hulleras del Norte Sociedad Anónima (HUNOSA) con un capital inicial de 3.380 millones de pesetas que fue apenas la primera de múltiples partidas presupuestarias dedicadas a que el Estado comprase 18 de las principales empresas mineras asturianas durante los siguientes tres años. A partir de ahí casi podemos hablar ya de nacionalización de esta actividad por parte del Estado (porque de hecho el proceso de constitución de HUNOSA conllevó el paso a las manos del Estado de casi todas las empresas mineras privadas de relevancia que operaban en Asturias, así como del grueso de su mano de obra compuesto para entonces por unos 24.000 mineros). 

En adelante las pérdidas en la explotación del carbón en Asturias pasaron a ser sufragadas por el Estado de forma directa en aras del nuevo interés social que cobraba esta actividad como garante de puestos de trabajo en una región tradicionalmente muy sindicalizada y conflictiva (cuyos mineros habían protagonizado revueltas y huelgas salvajes en 1917, 1934 y 1962). Desde entonces el Estado se hizo cargo de las pérdidas anuales que sistemáticamente pasó a declarar la nueva empresa de propiedad estatal. De tal forma en 1968 las pérdidas de HUNOSA fueron de 1.166 millones de pesetas, en 1969 llegaron a los 2.254 millones, 3.800 millones en 1970 y así hasta llegar a casi ¡¡15.000 millones¡¡ de pérdidas anuales a finales de los años 70. Situación deficitaria estructural que desde entonces llega hasta el día de hoy si bien con el declive de la actividad y progresiva reducción de la plantilla, sobre todo a partir de los años 90, las pérdidas descendieron a niveles más razonables disminuyendo a cada año a medida que la minería iba desapareciendo lentamente (hasta llegar a ser testimonial en la actualidad, como paso previo para su desaparición en la práctica prevista para finales de 2019). 

El truco del almendruco

En cualquier caso la creación de HUNOSA brevemente descrita en los párrafos anteriores merece algunas explicaciones adicionales para que entendáis mejor diversos detalles del proceso.

Recapitulemos. A finales de los años 50 el Estado español, debido a sus compromisos con otros países fuertemente interesados en fomentar una política librecambista en España, caso de los EE.UU., se vio obligado a retirar las barreras arancelarias que impedían de facto la entrada de carbones extranjeros en el mercado interior español. Eso inmediatamente convirtió en invendible el carbón asturiano, situación que el Gobierno franquista trató de parchear durante los años siguientes concediendo a las empresas mineras facilidades crediticias, exenciones fiscales y otra serie de medidas. Además el Estado, que por entonces era el dueño de la principal empresa siderometalúrgica de la región (ENSIDESA, empresa de titularidad pública creada en 1950) también se dedicó a subvencionar de forma encubierta las explotaciones carboníferas comprando, a través de dicha empresa, la mayor parte del carbón asturiano pese a que lo anterior suponía tremendos costes adicionales respecto a operar adquiriendo en su lugar el mejor y mucho más barato carbón extranjero.

Y pese a todo ello pronto estuvo claro que dicha estrategia solo constituía apenas un remedio provisional hasta dar con otra solución al problema. Es entonces cuando los dueños de las principales explotaciones mineras y sobre todo los bancos que ostentaban participaciones o habían concedido créditos a muchas de ellas convencieron a la jefatura del Estado para que comprase las explotaciones carboníferas que estaban a punto de colapsar.

En ese momento el pasivo declarado de las empresas que pasaron a formar parte de HUNOSA era de 5.884 millones de pesetas de la época. Después de realizar una generosa valoración (probablemente muy por encima de su valor real) los empresarios mineros tasaron los activos de sus empresas en 7.147 millones de pesetas de la época. A continuación el Estado se hizo cargo de los 5.884 millones de deudas de las mismas y además pagó a los dueños de dichas explotaciones un total de 6.378 millones de pesetas. Es decir el Estado pagó en total más de 13.500 millones de pesetas por algo que como mucho valía 7.100 pero estaba a punto de perder la mayor parte de ese valor al tratarse de empresas endeudadas que producían un carbón de mala calidad y caro, estaban escasamente mecanizadas y además llenas de trabajadores conflictivos y/o enfermos.

Dicho de otra forma. La valoración de los activos de las empresas integradas en HUNOSA se hizo con criterios muy ventajosos para la iniciativa privada si consideramos la crónica descapitalización de la mayor parte de las compañías mineras y la crisis aguda del carbón asturiano en aquellos años. Pero es que además el Estado, sin coste alguno para el empresariado, se hizo cargo de las cuantiosas obligaciones contraídas previamente con Bancos y Cajas por parte de las compañías mineras, deudas que estaban pendientes de reembolso. Esto último debería haber repercutido en una reducción del desembolso público a través del INI puesto que disminuía la valoración que pudiese hacerse de las empresas endeudadas, pero no fue así. Es como si la intervención del Estado en la minería asturiana, antes que asegurar a toda costa que un grupo laboral numeroso no quedase en paro bruscamente, hubiese tenido como fin asegurar el que una serie de empresarios ganasen dinero al abandonar sus empresas en problemas. 

Resumiendo. Durante gran parte del período contemporáneo el carbón de las Cuencas mineras asturianas fue subvencionado por el Estado, es decir las pérdidas las pagaron todos los españoles mano a mano con los empresarios del sector pero las ganancias se las llevaron solo los empresarios (mientras las hubo y como producto del sobreesfuerzo de los trabajadores del sector). Luego, cuando esa situación resultó insostenible por más tiempo, los dueños de las minas asturianas se desembarazaron de sus pasivos, asumidos por el Estado, a la vez que le vendieron a este último unos activos de valor nulo a cambio de enormes cantidades de dinero para la época. 

Y todo ello mientras dichos empresarios conservaban en sus manos los activos más valiosos del negocio minero, es decir las escasas explotaciones que aún podían seguir siendo rentables durante algunos años más. Porque lo cierto es que, para ser precisos, he de señalar que aún después de lo que he explicado en Asturias siguieron existiendo algunas pequeñas empresas carboníferas en manos privadas. De hecho eran las únicas rentables. En realidad todas las empresas que el Estado adquirió a través de HUNOSA eran deficitarias, mientras que las escasas explotaciones con balances anuales positivos quedaron en manos de empresarios privados que, lógicamente, no quisieron deshacerse de estas últimas.

Pero no solo los grandes empresarios mineros se vieron favorecidos. Muchos de los mandos intermedios y del personal ejecutivo de las empresas carboníferas que acabaron siendo integradas en el INI inflaron sus sueldos en vísperas de pasar a depender de la institución pública ya que ésta, por una cláusula en los pactos previos a la absorción, debía respetar los sueldos que tuviesen dichos empleados en el momento de llevarla a cabo.

Mientras tanto diversos bancos nacionales no solo se aseguraron mediante la operación el cobrar las deudas contraídas con ellos por parte de las empresas carboníferas (y que, previamente a la intervención del Estado, corrían riesgo de quedar impagadas debido a posibles quiebras) sino que también obtuvieron cuantiosos beneficios directos. En los primeros años tras la creación de HUNOSA las sistemáticas pérdidas de la entidad nunca eran previstas en los presupuestos anuales. Por ello invariablemente año tras año debían solicitarse créditos extraordinarios que el Estado concedía para sanear los balances. Pero en el ínterin entre la generación de nuevas deudas y la actuación del Estado proveyendo dinero para paliar las mismas, eran diversos Bancos y Cajas los que prestaban temporalmente el capital necesario para mantener liquidez en caja, lo cual proporcionó durante años suculentos y fáciles beneficios en forma de intereses que el Estado pagaba a través de HUNOSA a dichas entidades privadas.

Pero hay más. Tras todo lo anterior, ¿sabéis lo que hizo a continuación el Estado como nuevo dueño de HUNOSA?. Si antes de la creación de dicha empresa el Estado se encargaba de prohibir la llegada a España de carbón barato y a comprar a través de las empresas públicas (es decir con el dinero de todos) el carísimo carbón asturiano, pese a que su precio fuese superior al de mercado, en adelante el Estado, como principal productor de carbón, empezó a hacer algo distinto. Empezó a vender a empresas privadas el carbón que producía HUNOSA muy por debajo del precio real del mismo. De ahí entre otras cosas el sistemático déficit anual de HUNOSA desde entonces, el cual pasó a ser cubiertos por el Estado mediante sucesivas partidas presupuestarias.

Es decir, con anterioridad a la creación de HUNOSA el Estado subvencionaba y compraba a través de dinero y empresas públicas la adquisición de carbón malo y caro producido por empresas privadas. En cambio a partir de 1967 el Estado se hizo cargo de la producción de carbón y pasó sostener con dinero público la producción de un carbón malo pero al menos barato destinado a manos privadas, al empezar a venderlo a diversas empresas muy por debajo de su elevado precio real de producción.

¿Empieza a sonaros todo esto?

   Deja vú

Porque en el fondo es un proceso que, bajo diversas formas, se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia contemporánea de España debido a las poderosas relaciones que se dan en este país entre el espectro político y los grupos de presión formados por grandes bancos y empresas. Debido a ello cada cierto tiempo los fondos públicos acumulados a través de los impuestos de toda la población se derivan hacia la socialización de las pérdidas y/o la maximización de las ganancias de diversos grupos empresariales. Claro está, no es algo que ocurra solo en España, ni que ocurra en España solo con empresarios españoles. La peculiaridad del caso español es que esos grupos socioeconómicos, por lo que sea, en contextos de bonanza se muestran luego fuertemente reacios a la hora de invertir sus beneficios en mejores salarios, formación de la mano de obra, investigación aplicada, o adquisición de maquinaria en comparación con lo que sucede en otros países más desarrollados. Prefieren en cambio derivar la mayor parte de sus beneficios a continuar sosteniendo mediante sobornos sus conexiones con la corrupta casta política que da sentido a ese modo de proceder y a la vez lo obliga a perpetuarse. Eso sí, todo ello mientras a nivel retórico tanto unos como otros hacen gala de un pretendido nacionalismo (ya sea centralista o bien separatista) y, según casos, una rancia moral cristiana que sin embargo está en abierta contradicción con el proceder concreto que muestran en el día a día, basado en el lucro personal cualquiera que sea el coste para el resto de la población de su entorno. 

Los mecanismos de este engranaje básico son múltiples, adaptándose a la legislación y las peculiaridades de cada sector y cada período histórico, pero se detecta una cierta continuidad en el tiempo de ese tipo de forma de proceder. Pondré algunos ejemplos en cierta forma parecidos al caso en el que me he detenido hoy. 

A mediados del s. XIX mientras apenas recibían apoyo las pequeñas iniciativas de algunos pioneros, encaminadas a conectar por medio del ferrocarril centros productivos o agrícolas con los puertos que daban salida a esos bienes de consumo, hubo una línea férrea carente de cualquier lógica económica pero cuya construcción recibió cuantiosas ayudas públicas. En concreto el trazado Madrid-Aranjuez. Dichas subvenciones públicas fueron concedidas por el Ministro de Hacienda, en aquel momento el Marqués de Salamanca, y fueron otorgadas en exclusiva a una promotora privada cuyo presidente era… el propio Marqués de Salamanca. Cuando los ecos del provechoso negocio se difundieron por el entorno de la Corte, en lugar de destituir o procesar al Marqués, lo que ocurrió fue que María Cristina de Borbón, la propia madre de la reina, junto con su marido, Fernando Muñoz, duque de Riansares, empezaron a su vez a invertir en la construcción de ese tipo de líneas de ferrocarril formando sociedad con el general Narváez, el banquero navarro Nazario Carriquiri y el duque de Retamoso… hermano del propio Fernando Muñoz. Lógicamente una vez finalizada la construcción de las consiguientes líneas férreas no había nada que transportar a través de las mismas lo que dejó al Estado a cargo de una red ferroviaria masivamente inútil y deficitaria.

Como el AVE, por cierto.

Algo parecido ocurrió décadas más tarde cuando en 1909 el Marqués de Romanones, el Marqués de Comillas (también empresario minero del carbón a tiempo parcial) y la acaudalada familia Güell (este tipo de prácticas no son exclusivas de las élites castellanas supuestamente a cargo del control del Estado central sino que históricamente ha existido una superposición de sus intereses con los de la alta burguesía vasca y catalana, pese a los discursos retóricos nacionalistas que estas han abrazado en ocasiones por puro interés y como arma de presión), obligaron a sus parientes, amigos y “clientes” en el Gobierno a recrudecer la guerra contra las tribus rifeñas marroquíes, ya que esos inversores que he citado tenían los ojos puestos en diversas explotaciones de fosfatos ubicadas en sus territorios. El resultado de lo anterior fueron miles de reclutas de clase obrera o hijos de familias campesinas muertos en Marruecos (en aquel tiempo los hijos de "buenas familias" podían comprar con dinero su exención del servicio militar o incluso contratar a alguien que los sustituyese), importantes disturbios y protestas en la Península, la formación entre el ejército marroquí de una camada de escoria humana disfrazada de oficiales del ejército los cuales al ver peligrar sus intereses décadas más tarde ayudarían a arrasar el país y en definitiva dos décadas de guerra con las tribus rifeñas, con el consiguiente gasto militar a cargo del Estado (que obviamente desviaba el dinero de otras partidas "menos importantes" como las dedicadas a Educación o seguros sociales), todo a mayor gloria de los intereses de unos pocos lobbystas.

Y son solo un par de ejemplos de algo que constituye en realidad una tendencia, un modo de proceder sistemático que se remonta en el tiempo al fallido Estado liberal construido en España durante el s. XIX y llega a la actualidad y a sectores tan paranormales como el de las empresas hidroeléctricas del presente, por ejemplo.

Es posible observar en la historia económica nacional de todo el período contemporáneo sucesivas medidas dirigidas sistemáticamente a financiar obras públicas aparentemente ruinosas, socializar las pérdidas de empresas privadas tecnológicamente desfasadas, o mantener a cualquier coste la posición de dominio de determinados oligopolios. Medidas aparentemente irracionales, justificadas siempre como una necesidad para el bien colectivo, o para mantener en marcha el funcionamiento del sistema económico, pero que en cambio solo cobran todo su sentido analizándolas en función de una colusión de intereses entre las élites políticas del Estado y las principales estirpes empresariales patrias.

Hoy he querido poner un modesto ejemplo de lo anterior lo suficientemente profundo y detallado para que no constituyese una mera anécdota, pero también lo suficientemente localizado como para que resultase comprensible. Es por ello que he intentado recuperar la memoria del olvidado caso de la minería del carbón en Asturias y la posterior creación de HUNOSA, la cual no solo constituyó un formidable proceso de saqueo de fondos públicos por parte de unos grupos empresariales determinados sino que sus consecuencias se han extendido en el tiempo hasta el presente. Aunque por supuesto todo el proceso descrito ha estado envuelto en justificaciones basadas en el bien colectivo y la necesidad de mantener funcionando el sector debido a su pretendido carácter estratégico (pese a que la mayor parte de países del entorno y con yacimientos mucho más ricos cerraron sus explotaciones hace más de treinta años ante la total inviabilidad de las mismas) a mi modo de ver la realidad profunda del mismo dista mucho de responder a ese tipo de razones.

Hay galletas para todos

Lo que ocurre es que este análisis no puede acabar aquí. Porque falta algo. En realidad esta no es una historia de burgueses malos y proletarios buenos. No hay buenos en esta historia. 

Una vez que a finales de los años 60, con la creación de HUNOSA, los empresarios del carbón dejaron de tener un papel protagonista, los fondos públicos derivados por el Estado hacia la minería pasaron a ser el objetivo de un colectivo distinto pero que se dedicó a actuar de una manera parecida: buscar de forma egoísta y a corto plazo satisfacer sus propios intereses como grupo. 
 
Los mineros del carbón priorizaron en adelante su propia supervivencia a cualquier costo amenazando periódicamente al Estado con recrudecer la “conflictividad” como medida de presión para aplazar durante décadas su desmantelamiento como grupo laboral, incluso después de que en el resto de Europa occidental ya se hubiese producido. Por ello la “lucha obrera” escenificada desde entonces en las Cuencas se dio en un contexto que en cierta forma no dejó de ser un ejercicio de lobby conservador recubierto de una retórica obrera falsamente progresista.

Es así como durante los años 70, en plena crisis política del Franquismo y luego en medio de la delicada Transición, pese a los invariables y millonarios balances negativos de HUNOSA, ningún gobierno se atrevió a tocar su plantilla, cuyos salarios de hecho empezaron a crecer de forma continua desde entonces. Por fin a principios de los 80 en HUNOSA se llevó a cabo un primer plan de prejubilaciones del que se beneficiaron unos 9.000 trabajadores. Y digo que se beneficiaron y no que fueron perjudicados por esa medida porque el pacto tácito que se dio a partir de aquel momento entre el Estado (como propietario de la empresa) y sus trabajadores fue que a cambio de unas muy generosas prejubilaciones a edades cada vez más bajas, así como de que la empresa hiciese la "vista gorda" respecto a unos niveles de absentismo laboral totalmente desproporcionados y una productividad en caída libre, los mineros se comprometían a “preservar la paz social” en la zona. Fue además un programa de prejubilaciones que se fue dilatando en el tiempo de forma extraordinariamente lenta y extrañamente incruenta para lo usual en otros sectores. En concreto entre 1990 y 2005 se sucedieron tres nuevos planes de prejubilaciones, aprobados sucesivamente por gobiernos del PSOE y del PP. 

   ¿Cómo es posible que llevase más de un cuarto de siglo ir reduciendo una plantilla de unos 25.000 trabajadores? Porque se dio la increíble paradoja de que un sector en digamos reconversión como era la minería del carbón, un sector cuyas explotaciones no fueron cerradas de golpe teóricamente para dar tiempo a la mano de obra atrapada en él a reciclarse y al resto de población de las proximidades a buscar alternativas, resulta que siguió contratando gente durante ese tiempo. En la inmensa mayoría de los casos, hijos o familiares de los mineros que se prejubilaban previamente o de sus enlaces sindicales. Por lo cual de ese sistema se beneficiaron en realidad más de 35.000 mineros. Así los últimos remanentes de la plantilla en realidad fueron contratados a caballo entre un plan de prejubilaciones y el siguiente y pese a todo accedieron a prejubilaciones con salarios de más de 2.000 euros mensuales a los 42 años habiendo trabajado ocho o nueve años en la mina (durante los cuales es posible que se hubiesen declarado "de baja" en cuatro o cinco ocasiones, dada la laxitud absoluta que se instaló ya desde los años 70 en una empresa en la que todo el mundo sabía que producir más no servía para nada). 

Durante todo ese tiempo a ningún minero o sindicalista local le preocupó lo más mínimo la suerte de los trabajadores de otros sectores en la comunidad o el hecho de que todo este masivo fraude social prácticamente sellaba el futuro de las comarcas mineras al detraer década tras década cantidades millonarias de dinero para enterrarlas en un pantano de derroche y corrupción. Todo lo que contaba era conseguir meter al hijo o al sobrino en la plantilla para que él también pudiese ser prejubilado en su día y luego esperar tranquilamente hasta cumplir los requisitos de antigüedad y así poder acogerse a la ansiada prejubilación como un regalo caído del cielo.

De esa forma a partir de los años 70 el papel del empresariado como succionador de recursos colectivos pasó a un segundo plano en el sector minero asturiano (al margen, claro está, de alguna antediluviana excepción; les propongo por ejemplo el ejercicio de que se informen un poco sobre un señor llamado Victorino Alonso García del que es una injusticia que nunca hayan escuchado hablar). Ese papel en cambio fue heredado por los sindicatos mineros cuya finalidad durante los últimos cuarenta años pasó a centrarse en asegurar para sus miembros destacados y los familiares próximos de estos los máximos ingresos posibles a costa de ligar a toda la región con la supervivencia de una industria contaminante y sin futuro y detraer hacia las comarcas mineras una cifra indeterminada de capital en forma de ayudas y subsidios. Dinero que invariablemente fue derrochado, malversado, o las dos cosas a la vez y en último término desapareció en las manos de los políticos y sindicalistas de los pequeños municipios mineros, o en forma de escandalosas prejubilaciones repartidas entre algunos miles de familias de mineros.

El precio de esa segunda gran estafa colectiva, tras la ocurrida durante la creación de HUNOSA, fue mucho más elevado que el de la anterior en tanto que había muchas más bolsillos que satisfacer. La cifra es imposible de calcular. Se sabe que solo durante el último cuarto de siglo en Asturias y la vecina provincia de León (aunque habría que sumar aquí también algunas pequeñas explotaciones carboníferas de Teruel o Castilla la Mancha que recibieron diversas partidas de fondos) se han invertido unos 22.000 millones de euros, al cambio actual, en ayudas para la "reconversión" de las comunidades mineras. Fondos que solo han servido para nutrir la endémica corrupción de la política local en esas zonas o bien han sido víctimas de gestiones absurdas. Por ejemplo, hasta el año 2006 un denominado "Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras" dependiente del Ministerio de Industria gastó casi 230 millones de euros en subvencionar la construcción de “polígonos industriales” por todo el centro y el Suroccidente de Asturias, tarea de mecenas en la que fue luego sucedido por el llamado “Plan del carbón” desarrollado entre 2006 y 2012 y que empleó más de 400 millones de euros en financiar nuevos “polígonos” en medio de unas comarcas que han perdido la mitad de su población durante las últimas décadas y donde no hay industria de ningún tipo ni en realidad tampoco gente interesada en comprar los productos de dicha industria inexistente.

Gracias a ello hoy todo pequeño municipio orgulloso integrante de las comarcas mineras tiene en medio de la nada, a unos kilómetros de la capital del concejo donde en una terraza frente al ayuntamiento vegetan al sol unas docenas de ancianos, un hermoso “polígono industrial” en el que se ubican una cafetería semivacía y algunas naves desde cuyos escaparates se ofrecen algunos tractores, ventanas de PVC o recubrimiento para tejados, la mayor parte de todo ello fabricado, por supuesto, en otro lugar. Muchas de las "empresas" que en su día se domiciliaron en esos lugares en realidad eran empresas-fantasma, en muchos casos sociedades pantalla creadas para cobrar el dinero de las generosas subvenciones dedicadas a la "reconversión" de las comarcas mineras. De tal forma la mayoría de esas "industrias" emplearon durante algunos años un mínimo de trabajadores locales para atender las oficinas y aportar una fachada hasta que expiró el plazo mínimo a partir del cual no tenían ya que devolver las ayudas recibidas, momento en que tales empresas fueron echando el cierre una tras otra dejando tras de sí algunas feas naves de hormigón y poco más. Todo ello mientras los políticos y sindicalistas locales aseguraban a todo el que quisiera escuchar que lugares como Langreo o Mieres se convertirían en el próximo Silicon Valley. 

Es más, a esa cifra de 22.000 millones a la que antes he aludido habría que sumar todavía muchos fondos que se invirtieron en los años 70 y primeros 80, o que fueron reflejados en décadas recientes en partidas presupuestarias difíciles de contabilizar, por ejemplo como becas de estudio especiales para hijos de trabajadores de comarcas mineras ofrecidas por el Principado de Asturias o por organismos dependientes de la UE, o las docenas de millones de euros al cambio que cada año HUNOSA declaraba como pérdidas a cubrir por parte de los presupuestos del Estado. Nadie posee la capacidad de reunir todas las cifras de esas partidas enterradas en las minas de carbón (entre otras cosas porque casi nadie de los implicados desea que se conozcan) pero hay quienes sitúan la suma en torno a los 60.000 millones en euros actuales. 

En el caso asturiano en concreto el resultado de detraer de otros usos colectivos ese capital para destinarlo a nutrir las cuentas bancarias de los "emprendedores" locales y pagar salarios durante décadas a un determinado grupo laboral completamente obsoleto, encima a cambio de que produjese un producto innecesario, puede observarlo cualquiera que, tras acudir a Asturias a hacer turismo y sacarse fotos con las montañas al fondo, decida internarse en los concejos del interior y del suroccidente, esos por los que a veces pasa fugazmente la Vuelta a España camino de algún empinado puerto, a visitar de verdad el entorno de las antiguas comunidades mineras.

Lo que verá ahí es un paisaje postapocalíptico. Poblaciones monstruosamente envejecidas porque casi todos los jóvenes con estudios han huido debido a la ausencia de trabajo (o al menos de trabajo bien remunerado, relacionado con actividades modernas y al margen del sistema caciquil de “favores” que se ha impuesto por completo en esas comarcas), unas regiones cuyo principal sector económico son los bares, que ostentan las mayores tasas de alcoholismo de Europa occidental y los mayores índices de enfermedades mentales de la Península, entre otros datos aterradores. Pero no os compadezcáis porque curiosamente y contra lo que pueda parecer a simple vista (salvo si os fijáis en la extraña sobreabundancia de coches de gama alta o de chalets de varias plantas en medio de extensas fincas diseminadas por las inmediaciones) se da la paradoja de que algunos de esos municipios tienen rentas per cápita en la cúspide de la media española y se caracterizan por una gran estabilidad en sus tendencias de voto ya que una parte mayoritaria y muy cohesionada de sus residentes se muestran encantados de cómo es actualmente el lugar en el que viven y desean que siga exactamente así. Se trata de unas comunidades donde impera la retórica de la gloriosa lucha de los mineros por la democracia y por los trabajadores, a la vez que un paradójico ambiente de brutal machismo, homofobia y conservadurismo recalcitrantes. Donde las mismas camadas de caciques locales, corruptos hasta la médula, son reelegidas entre aclamaciones elección tras elección década tras década. Donde una abierta xenofobia se da en paralelo a la existencia a la entrada de cada pequeña población de algún pequeño edificio semioculto que opera como “puticlub” los fines de semana, a mayor gloria de sexagenarios ociosos con sueldos un par de veces o tres por encima de la media y que acuden allí periódicamente a intimar con jóvenes desgraciadas venidas de Ecuador o Nigeria.

Esa es la sociedad, semianalfabeta, hipócrita y completamente podrida por dentro que ha dejado la minería. Un poco a semejanza de unos valles muy verdes por fuera bajo cuyo suelo solo hay huecos o escombreras tapadas por la maleza. Hablo de un sector en el que las pocas empresas mineras privadas que aún sobreviven se inventan cifras ficticias de producción para luego cobrar subvenciones del Estado a cambio de extraer carbón innecesario y además imaginario. Donde el líder obrero más respetado de la región, famoso por su aparente frugalidad, pertenecía a la vez al Consejo de Administración de HUNOSA y ocultaba 1,4 millones de euros a Hacienda (que se sepa). Todo ello mientras su hijo disfrutaba de un contrato blindado contra despido de 80.000 euros como encargado en una residencia para mineros jubilados. Prácticas que, por cierto, también se rastrean en la vecina provincia de León sobre la cual no voy a extenderme demasiado. Un mundo tan peculiar que el presidente del club de fútbol Ponferradina y directivo de la Federación Española de Fútbol, José Fernández Nieto, dueño de más de veinte empresas y millonario, aprovechó los favores que se le debían para inscribirse como picador de carbón durante dos años con el fin de obtener una prejubilación de la minería. Igual que su mujer. No es que lo necesitasen siquiera pero a fin de cuentas es lo que hacía en la zona casi todo el mundo que se lo podía permitir. Hablamos de un mundillo en el que de forma sorprendente durante los últimos años han salido a la luz de forma repetida extrañas conexiones con el submundo del tráfico de drogas

   Mucho se ha hablado en España de un tiempo a esta parte del grado de corrupción alcanzado en Valencia, o en torno a los "cursos de formación" en Madrid, el famoso 3% de CIU en Cataluña, o los ERES en Andalucía. Pero del que ha sido quizás el mayor y más duradero foco de corrupción comunitaria existente en el país apenas se conoce o se habla nada fuera de las pequeñas aldeas en las que casi todo el mundo, de una forma u otra, ha vendido (gustoso) su alma y sobre todo el futuro de las siguientes generaciones hasta donde alcanza la vista a cambio de llevarse un pequeño trozo del pastel antes de que otro se lo comiese o se pudriese del todo.